En el preámbulo de la Ley de Transparencia del año 2013, se establecen 3 fines de la misma y éstos son incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Qué duda cabe que esta crisis y los escándalos que nos asaltan casi a diario ha ocasionado una falta absoluta e confianza en todo el sistema y ha generado una demanda de transparencia nunca antes vista.

Hoy hay más información al alcance de los ciudadanos pero a pesar de eso sigue habiendo carencias, pues hay ausencia de memorias económicas, hay una fiscalización retardada e insuficiente del Tribunal de Cuentas, no hay control sobre las agendas de los altos cargos, falta control de la administración local y falta una mayor vigilancia en la contratación pública.

Expongamos ejemplos de información a la que actualmente tenemos acceso; información publicada mensualmente por la IGAE  sobre la ejecución presupuestaria consolidada del Estado, de los organismos de la Administracion Central, de Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales; información sobre inventarios de entidades del sector público; información del periodo medio de pago a proveedores estatal, de comunidades autónomas y ayuntamientos; publicación de los planes económico-financieros de CCAA y EELL; y a partir de 2016 ha comenzado a publicarse con carácter mensual el seguimiento de la regla del gasto en el Estado y en cada una de las CCAA.

Dando asimismo información sobre las solicitudes de información al Portal de Transparencia del Gobierno de España. Así, sobre qué se pregunta en un 14% es sobre contratación, convenios, subvenciones y ayudas públicas, en un 12% sobre puestos de trabajo y retribuciones de empleados públicos y en un 10% sobre presupuestos y gastos concretos de la Administración General del Estado.

Como conclusiones al control de la transparencia:

1. La oferta masiva de información es algo positivo, pero no suficiente.
2. Más positivo es contar con reglas claras y con agentes externos que ayuden a interpretar el verdadero sentido de los datos.
3. Se ha avanzado mucho en el acceso a la información que permite un control de los principios de estabilidad presupuestaria pero se echan de menos avances en las reglas anticorrupción en la contratación pública.
4. No basta con poner al alcance de los ciudadanos mecanismos de acceso a la información si para empezar se les exige el dato de su cuenta bancaria como requisito de identificación